Concejal Miguel Uribe Turbay advierte a la administración que si no cumple con las obras en Bogotá, deberá asumir los costos

El Concejal Miguel Uribe Turbay a través de comunicación escrita le advierte a  la Directora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, María Fernanda Rojas,  que en caso de que la administración persista en efectuar el cobro de la contribución por valorización, antes de la ejecución de las obras, y de presentarse incumplimientos, sobrecostos o faltas de planeación de las mismas, promoverá que sea la administración la que asuma los costos que se generen y no los ciudadanos.

Aprovechando que se adelanta la segunda fase del cobro de valorización para la construcción de vías, puentes peatonales, intersecciones viales y parques, Uribe Turbay le recordó al IDU, que es más conveniente implementar el cobro “contra entrega”, propuesto por el concejal a la administración hace unos meses. El pago “contra entrega” busca generar cargas equitativas para los ciudadanos y garantizar la ejecución responsable, transparente y oportuna de los recursos públicos en favor del desarrollo de la ciudad.

Según el Concejal la iniciativa del “pago contra entrega” se ajusta al Estatuto de Valorización y al Decreto 1421 de 1993 que afirma que la liquidación y recaudo del cobro por valorización, pueden efectuarse antes, durante o después de la ejecución de las obras o del respectivo conjunto de obras, lo que evitará todos los inconvenientes, y sobrecostos que han tenido que asumir los bogotanos en desarrollo del Acuerdo 180 de 2005.

El Concejal del Partido Liberal, agregó que la confianza ciudadana se ha perdido a causa del proceso de ejecución de la Fase I y Fase II de obras financiadas por valorización que durante las últimas administraciones han dado lugar a sobrecostos y aplazamientos de las obras, por meses y aún por años. “Los ciudadanos no deben pagar anticipadamente esta contribución sin tener la certeza de cuándo se realizarán las mismas, pues la falta de planeación e ineficiencia de la administración se traduce en costos políticos, económicos y sociales que terminan siendo asumidos por los ciudadanos”, puntualizó.