Miguel Uribe Turbay exige al IDU publicación completa sobre obras de valorización

Con el fin de promover la confianza y la credibilidad de los ciudadanos sobre la ejecución del presupuesto de las obras de valorización, el Concejal Miguel Uribe Turbay propone a la administración establecer un “Sistema de Información de Valorización”, que debe publicarse en el sitio Web del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

El “Sistema de Información de Valorización” debe contener todos los datos sobre cobros, cronogramas, fases y grupos de obras a realizar, su avance y modificaciones, así como la información relevante sobre las obras ordenadas por el Acuerdo 180 de 2005, sus modificatorios y los demás Acuerdos que autoricen otros cobros por valorización en Bogotá.

Para el concejal Uribe Turbay la ciudadanía debe conocer la destinación que tendrán los recursos provenientes de la contribución por valorización. Además debe contar con información completa sobre el avance de las obras, para ejercer control frente a la planeación y eficiencia de la Administración en la ejecución de los recursos públicos.

“No es suficiente la información que suministra el IDU sobre los cobros de valorización.  Los ciudadanos deben tener certeza sobre cuánto se ha recaudado, cuándo se realizarán las obras y las razones de sus retrasos, pues la falta de planeación e ineficiencia de la administración se traduce en costos políticos, económicos y sociales que terminan siendo asumidos por los ciudadanos”, señaló el concejal.

Agregó que  las constantes manifestaciones de rechazo, inconformismo y desconfianza de la gente frente al pago de la valorización  es consecuencia del deficiente  proceso de ejecución de las obras de las fases I y II financiadas por valorización, durante las últimas administraciones se ha dado lugar a sobrecostos y aplazamientos de las obras, durante meses y aún por años.

Por eso, esta iniciativa permite a la Administración Distrital mostrar a los contribuyentes y demás habitantes del distrito su capacidad de gestión y eficiencia administrativa. “Se trata de aplicar el derecho a la información, bajo la premisa de que la información del Estado es un bien público y un derecho de los ciudadanos”, puntualizó Uribe Turbay.